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Por Cindy Burgo Alvarado – Ver Artículo Original en Caribbean Business en Español

El gobernador Ricardo Rosselló Nevares firmó hoy una serie de enmiendas a las Leyes 20 y 22 de 2012, diseñadas para impulsar la exportación de servicios y atraer la llegada de inversionistas extranjeros a la isla, respectivamente, con el propósito de reducir los “requisitos burocráticos” para quienes quieren beneficiarse de su potencial.

Las enmiendas a la Ley 20, incluidas en el Proyecto de la Cámara 878, buscan flexibilizar las condiciones para obtener decretos al eliminar el requisito de poseer un mínimo de cinco empleados para exportar servicios desde Puerto Rico.

Acompañado por legisladores, miembros de gabinete e integrantes del sector privado, el gobernador Ricardo Rosselló firmó tres proyectos de ley para impulsar el desarrollo económico en la isla. (Suministrada)

Esto, a juicio del primer ejecutivo, permitirá la participación de más pequeñas y medianas empresas (pymes), así como de empresarios solitarios, cuyos servicios de arquitectura, tecnología, programación y otros no requieren de más de uno o dos empleados para ejecutar.

“Va dirigido a pymes, a innovadores, y va dirigido hacia crear y añadir valor a lo que es buscar servicios que podemos dar aquí y exportar fuera… Eso [el requisito de cinco empleos] es un obstáculo porque a veces estas compañías necesitan comenzar y no tienen dinero”, afirmó Rosselló Nevares en una rueda de prensa en la sede de la Compañía de Fomento Industrial (Pridco), en Hato Rey.

Con las enmiendas también se incluyen los servicios de telemedicina y turismo médico como parte de los que se consideran dentro de los incentivos de la Ley 20, de modo tal que sea atractivo para los médicos ejercer en la isla. En cuanto a los servicios de telemedicina, se requiere que al menos el 30% de los médicos resida en Puerto Rico.

En cuanto a los cambios a la Ley 22, incluidos en el Proyecto del Senado 369, estos buscan que los inversionistas extranjeros que llegaron a la isla aporten $5,000 anuales a organizaciones sin fines de lucro que operen en Puerto Rico.

También exige a los individuos inversionistas que presenten evidencia de haber completado el formulario 8898 ante el Servicio de Rentas Internas (IRS) de Estados Unidos, notificando su intención de convertirse en residente “bona fide” de Puerto Rico.

Estas enmiendas, a juicio del secretario de Desarrollo Económico, Manuel Laboy, redundarían en la generación de 10,000 decretos dentro de las Leyes 20 y 22, lo cual crearía unos 100,000 empleos en cuatro años. Al momento, estas leyes han producido 1,000 decretos, por lo que el Gobierno apuesta a su crecimiento.

De otro lado, el primer ejecutivo convirtió en legislación los cambios a la Ley 73 de 2008, la Ley de Incentivos Económicos para el Desarrollo de Puerto Rico, con el fin de permitir que las empresas que operan con propuestas de fondos federales o “grants” puedan obtener los créditos contributivos que provee esta ley. Con esto se busca beneficiar primordialmente a las pymes y las “startups” o empresas emergentes.

Las enmiendas a la Ley 73, incluidas en el Proyecto del Senado 369, también facultan a utilizar el 10% del dinero que ingrese en el Fondo Especial para el Desarrollo Económico (FEDE) para proveer incentivos especiales a programas para incentivar y promover la inversión en innovación, ciencia y tecnología.

“Estas enmiendas están dirigidas a crear un programa para dirigir incentivos y esfuerzos para desarrollar una clase empresarial local de alto impacto y con potencial de exportación en sectores estratégicos tales como manufactura avanzada, aeroespacial y aeronáutica”, apuntó Laboy.

Aunque el Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC) aún trabaja con la creación del Código de Incentivos —que será presentado en un proyecto de ley en los próximos meses—, el gobernador defendió las enmiendas a estas leyes de incentivos por entender que traerán beneficios económicos a la isla.

Durante la firma de las leyes estuvieron presentes el arquitecto Ricardo Álvarez y Cristina Villalón, dueños de una industria de construcción que, gracias a la Ley 20, han podido exportar servicios a Oriente Medio, Panamá y Nueva York. También participaron la senadora Zoé Laboy, los representantes Antonio “Tony” Soto y Víctor Parés, y el director de la Compañía de Comercio y Exportación, Ricardo Llerandi.